En 1991, tanto la Corporación Financiera Internacional (CFI) como la Corporación Inter-Americana de Inversiones (CII) se convirtieron en accionistas minoritarios de la compañía como parte de un acuerdo de financiamiento. En los últimos años de la década del ’90, Granja Moro, por décadas la empresa más importante del sector avícola uruguayo, enfrentó serios problemas financieros que eventualmente dieron lugar a su quiebra en el 2002. Luego se descubrió que la compañía había sido objeto de un fraude que involucraba a varios miembros de la alta gerencia y del Directorio.
En 2004, tenedores de obligaciones negociables que habían adquirido deuda emitida por Granja Moro en 1997 presentaron una demanda contra Granja Moro, la CFI y la CII. Argumentaban que habían sido inducidos a error en el prospecto de emisión, y que la CFI y la CII debían hacerse responsables de las obligaciones de Granja Moro, tanto en virtud de su participación en las actividades de la compañía como por sus deberes como accionistas con derecho a nombrar un integrante del Directorio.
En Octubre de 2011, una sentencia de primera instancia rechazó el reclamo. La sentencia estableció que no existía evidencia de la participación de la CFI y de la CII en el fraude y que el contenido del prospecto no podía ser atribuido a un acto voluntario de las mismas.
La sentencia del Tribunal de Apelaciones de fecha 27 de Julio confirmó la sentencia de primera instancia en todos sus términos. Indicó que la CFI y la CII fueron completamente ajenas a la situación que llevó a la quiebra de Granja Moro y que no se encontraban en una posición que les permitiera evitar un fraude que, debido a su complejidad, ni siquiera fue detectado por los auditores de la compañía.