Según un artículo del diario estadounidense The New York Times, un tercio de las emisiones vienen de la actividad humana, como las plantas a carbón o la minería de oro de pequeña escala (esta última es la principal fuente de contaminación de mercurio al ambiente y a los seres humanos). Mientras otro tercio se origina de fuentes naturales, como los volcanes o incendios forestales, el otro tercio es “re emitido” luego de la liberación original.
También existen otros temas muy delicados, como el uso de amalgamas dentales en el sector de la salud, las cuales contienen mercurio y han dividido a la comunidad de odontólogos en todo el mundo. También el tema del manejo de desechos peligrosos, uno de los más complejos de la gestión ambiental.
Las divisiones deben ser superadas si se quiere llegar a la meta. Luego de estas instancias, la entrada en vigencia del tratado dependerá de la voluntad política, explicó por su parte el abogado especialista en Derecho Ambiental de la firma Ferrere, Julián Ruiz. “Debemos partir de la base de que los gobiernos negocian de buena fe y que todos están interesados en cumplir con las medidas que se habrán de autoimponer”, explicó el experto. Sin embargo, aclaró que no se puede asegurar que todos firmarán y ratificar este acuerdo.
El tratado final que se firmará en octubre no tendrá vigencia legal hasta que al menos 50 países lo ratifiquen. Para eso, casa país deberá cumplir una serie de instancias internas en sus parlamentos. Además, es necesario que lo ratifiquen los países que son “grandes emisores”, como Estados Unidos, explicó Ruiz, que cree que esta potencia es clave en el proceso.
Este nuevo proceso podría tardar varios años: se estima que el tratado entrará en vigor recién en 2017 o 2018.